La corrupción en Bolivia no es un mal menor: según el Índice de Percepción de la Corrupción 2022, el país ocupa el puesto 126 de 180, y el Foro Económico Mundial estima que el 30% del gasto público se pierde por desvíos. Esta sangría de recursos —que podrían financiar 15 hospitales de tercer nivel al año— exige medidas radicales. Bolivianos Unidos propone un modelo de cero tolerancia, donde la tecnología, las reformas institucionales y la ciudadanía activa actúen como trincheras contra la impunidad.
1. Plataforma Digital Única de Transparencia: Luz sobre cada centavo
La opacidad es el caldo de cultivo de la corrupción. Por ello, crearemos «Bolivia Transparente», un sistema inspirado en el modelo de Estonia, donde el 99% de los trámites estatales son digitales. Esta plataforma incluirá:
- Contratos íntegros: No más resúmenes engañosos. Como en Ucrania con ProZorro, cada cláusula de contratos municipales, universitarios o nacionales será pública.
- Ejecución presupuestaria en tiempo real: Mapa interactivo que muestre cuánto se gastó en el hospital de El Alto versus lo proyectado, tal como funciona en el Portal de Transparencia de Brasil.
- Nóminas sin fantasmas: Alertas automáticas si un director de escuela cobra sueldo tras jubilarse, usando algoritmos como los de la plataforma OpenSalaries de Suecia.
Las sanciones serán inmediatas: funcionarios que omitan información serán suspendidos sin salario, y empresas opacas quedarán inhabilitadas por una década, replicando la Ley de Contrataciones de Corea del Sur.
2. Órganos de Control Blindados: Justicia que no se negocia
Para acabar con la justicia a la carta, proponemos:
- Contraloría General Autónoma: Elección del Contralor mediante concurso avalado por la OEA y universidades, como el sistema de la CICIG en Guatemala (2006-2019). Su presupuesto será del 1% del PIB —similar al de la Fiscalía Anticorrupción de Italia—, blindado contra recortes políticos.
- Ministerio Público Independiente: Fiscales seleccionados por la Sociedad Científica y colegios de abogados, como en el caso peruano de la Fiscalía Lava Jato. La Unidad de Confiscación Rápida embargará bienes en 48 horas, usando inteligencia artificial para rastrear cuentas offshore, al estilo del Criminal Assets Bureau de Irlanda.
- Penas ejemplares: 15 años de cárcel efectiva + devolución del 200% de lo robado, más inhabilitación perpetua para cargos públicos (incluyendo familiares), como la Ley Sapín II de Francia contra el enriquecimiento ilícito.
3. Ciudadanía Vigilante: El pueblo como auditor
La experiencia global demuestra que sin participación ciudadana, no hay lucha anticorrupción duradera. Nuestra propuesta incluye:
- Veedurías con poder de veto: Comités locales —padres de familia, ingenieros, maestros— auditarán obras y compras estatales. Si detectan irregularidades, congelarán proyectos, como en las Auditorías Sociales de Filipinas. Podrán usar laboratorios universitarios para analizar materiales de construcción, replicando el modelo de Brasil Transparente.
- Brigadas Juveniles Anticorrupción: Estudiantes de derecho e ingeniería becados por el Estado para monitorear contratos, inspirados en los Clubes de Integridad de Ghana.
- Rendición de cuentas en plazas públicas: Alcaldes y ministros explicarán gastos cada tres meses en ferias transmitidas en vivo, como los Town Hall Meetings de Noruega.
¿Cómo se aplica en Bolivia?
| Problema Actual | Solución BU | Ejemplo Real |
|---|---|---|
| Contratos opacos | Plataforma con cláusulas completas | Caso Cementeros en Cobija |
| Fiscales manipulados | Selección por méritos + protección | Fiscalía de Perú (Lava Jato) |
| Denuncias sin seguimiento | App con geolocalización | Denuncia Ya de Uruguay |
La corrupción no es invencible
Esta propuesta no es teórica: países como Georgia redujeron la corrupción en un 80% en una década con reformas similares, e Indonesia recuperó USD 4,300 millones en activos robados mediante confiscación rápida. En Bolivia, cada año se pierden USD 1,200 millones en corrupción, equivalentes a 120,000 viviendas sociales.
Bolivianos Unidos no promete milagros, sino instituciones fuertes. Cuando un alcalde rinda cuentas en la plaza bajo la mirada de su vecinos, cuando un contrato esté en línea para que un estudiante en Potosí lo audite, y cuando un fiscal independiente pueda embargar un yate en Beni sin pedir permiso a políticos, estaremos construyendo una república verdadera.
La transparencia no es un gasto: es la semilla de la dignidad nacional.
